El domingo 9 de marzo, los Estados Unidos fue añadido a la Lista de Vigilancia del Monitor CIVICUS ante las recientes amenazas a las libertades civiles por parte de la Administración Trump. Esta lista está regulada por CIVICUS, una alianza global de organizaciones sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil. La lista identifica y clasifica a los países según su estado actual de libertades civiles y está disponible al público.
La Lista de Vigilancia del Monitor CIVICUS clasifica el estado de un país según cinco clasificaciones, cada una de las cuales indica la gravedad de las restricciones a las libertades civiles. La clasificación más alta, “Abierto,” indica una fuerte presencia de libertades civiles en el país, mientras que la última, “Cerrado,” indica un entorno altamente restrictivo para las libertades civiles. Estados Unidos fue recientemente clasificado como “Estrecho,” tras haber estado previamente “Abierto.” CIVICUS afirmó que, desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump “ha emitido al menos 125 órdenes ejecutivas, desmantelando políticas federales con profundas implicaciones para los derechos humanos y el estado de derecho.”
La reversión de derechos, políticas y programas en EE. UU., implementada por la administración Trump, tiene implicaciones adversas tanto a nivel nacional como internacional. Entre las numerosas preocupaciones enumeradas en la lista de vigilancia, CIVICUS mencionó la eliminación de los programas federales de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como las políticas dirigidas directamente a inmigrantes indocumentados y personas transgénero.
En un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Casa Blanca, la administración Trump afirmó que la administración Biden “impuso programas de discriminación ilegales e inmorales, conocidos como ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI), en prácticamente todos los aspectos del gobierno federal.”
A pesar de la caída de la clasificación de EE. UU. en CIVICUS, el presidente Trump ha continuado sus esfuerzos para eliminar la DEI, lo que, junto con órdenes ejecutivas como el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), podría seguir perjudicando la clasificación de nuestro país.
